En nuestro país nos hemos preocupado por el acceso a la información pública, esto queda demostrado desde la Constitución Política en el artículo 30 que consagra el derecho fundamental de acceso a la información de la siguiente forma: “Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado”; por lo que toda persona usuaria de una república democrática se ve en la necesidad de realizar trámites y consumir servicios de las instituciones que la conforman.

Además, en la Constitución Política también se contempla el derecho de petición y pronta respuesta, quedando establecido en el artículo 27: “Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución.”

Esta preocupación por el acceso a la información pública se refuerza con la adhesión de Costa Rica a la Declaratoria Universal de Derechos Humanos, promulgada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1948; con esta declaración se constituye, en el artículo 19, que: “Todo individuo tiene derecho… el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Además, en el inciso 2 del artículo 21 se indica que: “Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.”

En este sentido, el acceso a la información pública conforma el ámbito de los derechos humanos y fundamentales como parte de la vida democrática de un país, como una herramienta de participación y control sobre la gestión estatal, y es una temática que se mantendrá vigente siempre que existan instituciones y servicios en una sociedad.